ODS 6:
Agua limpia y saneamiento
La AECID enfocó su trabajo en 2018 en ampliar la cobertura a servicios básicos de saneamiento e higiene, fomentando el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de saneamiento.
La repercusión de los 81 programas (bilaterales y multilaterales) puestos en marcha por la Agencia estos años ha beneficiado a 2,84 millones de personas en países como Haití, Bolivia, Honduras, Guatemala y Perú.
Extensión de los derechos del agua y saneamiento
El acceso al agua y saneamiento son derechos humanos que están en la base de la consecución de múltiples ODS, pues resulta esencial para la vida y el medio ambiente al posibilitar una adecuada nutrición y salud. A pesar de los progresos alcanzados en los últimos años, 2.500 millones de personas no tienen acceso a instalaciones mejoradas de saneamiento.
La AECID enfocó su trabajo en 2018 en ampliar la cobertura a servicios básicos de saneamiento e higiene, fomentando el desarrollo de infraestructuras de acceso a servicios básicos de saneamiento. Como eje central de todas las actuaciones, la agencia apostó por la mejora de la gestión integrada de recursos hídricos apoyando la gobernanza del agua.
En el Norte de África, el programa Masar incorporó en 2018 el componente Masar Agua centrado en poner en marcha iniciativas de cooperación técnica entre instituciones españolas y de los países socios para apoyar la creación de capacidades en el ámbito de la gestión de los recursos.
En Filipinas destaca el proyecto para el aumento de la resiliencia y la mejora de la gobernabilidad de los servicios básicos WASH (agua y saneamiento) en las zonas más vulnerables de Mindanao.
En Cabo Verde se emprendió un proyecto para regenerar aguas residuales destinadas a la agricultura de forma segura, mientras que en Senegal se formuló un nuevo proyecto en la región de Matam para la optimización y rehabilitación de las infraestructuras existentes de abastecimiento de agua.
Las intervenciones humanitarias en Palestina, continuaron impulsando el acceso a agua y saneamiento para la población más vulnerable.
FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO
La Cooperación Española materializa su responsabilidad sobre el ODS6 en la región de América Latina y el Caribe a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento.
En 2018, el Gobierno de España autorizó once nuevos programas de cooperación en Honduras, Bolivia, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Ecuador por un monto total de 29,3 millones de euros.
Entre las prioridades de los nuevos programas destaca una clara apuesta por las intervenciones que potencian la sostenibilidad de los sistemas ya construidos, como en el caso de Comayagua (Honduras), Cuba o Guatemala. Se potenciaron igualmente actuaciones estratégicas y de apoyo a la elaboración de políticas públicas en El Salvador, Ciudad de Guatemala, Panamá o República Dominicana. En Bolivia y Ecuador el FCAS inició tres operaciones con significativa incidencia y sinergias con otros financiadores como es el caso de la Cooperación Delegada de la Unión Europea.
En 2018, el Fondo del Agua recibió el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, impulsado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El Banco Interamericano de Desarrollo también reconoció dos proyectos del FCAS: «Cuando la comunidad ejecuta: Participación ciudadana y empoderamiento comunal en agua y saneamiento» de Perú, que promueve la gestión comunal de las obras y servicios de agua y saneamiento en zonas de difícil acceso; y el proyecto de suministro de agua subterránea a bajo costo mediante energía solar fotovoltaica en comunidades rurales de Honduras.
En 2018 se celebraron los IV Diálogos del Agua, inaugurados por el Secretario de Estado y el Curso Avanzado de Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento impartido por la ONG ONGAWA.
Proyecto destacado
Sin empresas interesadas en ejecutar obras en el sector rural y de difícil acceso en la región andina, el programa involucra y formaliza núcleos comunitarios con capacidad jurídica para contratar y administrar los recursos. Con esto, se refuerza la sostenibilidad del proyecto y las capacidades de las comunidades y, además, se reducen los costos y tiempos de ejecución.
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